Elaborado por
Eladio Contreras Reyes
Economista
A
finales del pasado año 2024, un reputado economista dominicano, Eduardo García
Michel, publicó un artículo sobre los peligros de la inmigración ilegal de
extranjeros, especialmente de haitianos.
En
el primer párrafo, literalmente decía lo siguiente: “Un país puede aceptar
inmigrantes para cubrir determinados puestos de trabajo, pero jamás consentir
la penetración ilegal de cientos de miles, de bagaje educativo y cultural
precario, pues si lo hace diluye su idiosincrasia y renuncia a modelar a
conciencia su propio destino.”
Compartimos
completamente lo externado por el Señor García Michel.
Los
procesos migratorios son fenómenos motivados por diversas razones, entre las
que se destacan básicamente dos:
1. Por razones de intolerancia política,
amenazas de prisión, torturas o muertes, que se verifican en países con
regímenes dictatoriales, con guerras de guerrillas o alta actividad delictiva
sin ningún control de las autoridades de seguridad de esos países. Es decir, la
primera razón que mueve a una persona para irse de su tierra natal es la
preservación de la libertad o de la vida.
2. Desigualdad de las condiciones
socioeconómicas entre el país emisor de migrantes y los países receptores de
los migrantes. El ser humano tiende a migrar a donde las condiciones socioeconómicas
sean más favorables para su residencia temporal o definitiva, ya sea
trasladando a su familia del país de origen al país receptor, o ya sea creando
una familia en el país receptor con una pareja inmigrante o nativa de ese país.
Entonces, bajo este razonamiento, la segunda causa o razón para que alguien
abandone su tierra natal está vinculada al bienestar material y social.
Con
el vecino Haití se dan esas dos condiciones…entonces, ¿cuál debe ser el
accionar inteligente de la República Dominicana ante esa situación?
Mientras
se siga haciendo lo mismo no se podrá esperar cambios ante una situación
determinada. Ante el problema de la inmigración ilegal o irregular, se presenta
un conjunto de situaciones que fomentan las prácticas ilegales y garantizan
impunidad de los funcionarios públicos y organizaciones de trata de personas en
la República Dominicana.
Veamos
los dos aspectos que entendemos más importantes y sus posibles soluciones:
1. Ausencia de una carrera consular efectiva
en la República Dominicana. Aunque en el país existe, supuestamente, lo que se
denomina Carrera Diplomática y Consular, para nadie es un secreto que, salvo
raras excepciones, las posiciones diplomáticas y consulares del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior (MIREX), son parte del botín de
la clase política partidaria ante “favores y compromisos políticos”. El MIREX
tiene por misión “ejecutar la política exterior del Estado, vinculando la
agenda y los planes de desarrollo del país en el plano internacional, de forma
dinámica, sostenible y eficaz en beneficio de la República Dominicana y sus
nacionales”. Entonces, en lo que tiene que ver con el proceso de visado, a
cargo del personal consular dominicano en todo el mundo, este, no debe depender
de la voluntad y criterio del cónsul en cuestión, porque ese funcionario recibe
un beneficio económico por cada visa que otorga. El proceso de visado debe ser
permanentemente monitoreado desde el MIREX en la sede dominicana, para saber si
responde a la estrategia de desarrollo económico y social de la República
Dominicana. Se supone que las visas a ciudadanos del resto de mundo se otorgan
en base a la necesidad nacional de llegada de turistas transitorios, personal
de alta calificación profesional con contratos de trabajo en la República
Dominicana, personal de baja calificación con contrato de trabajo en la
República Dominicana, inversionistas y hombres de negocios con alto potencial
de inversiones en la República Dominicana, entre otro tipo de perfil del
inmigrante permanente o temporal. El personal consular no debe recibir un
centavo por el otorgamiento de visas. Eso no excluye que, en la política
remunerativa del MIREX se establezcan incentivos al personal, atendiendo al
cumplimiento de las metas institucionales en diversos aspectos, entre ellos el
otorgamiento de visas siguiendo el debido proceso de depuración y seguimiento
de los inmigrantes en el país.
2. Establecimiento y/o endurecimiento del
régimen de consecuencias para el personal oficial involucrado en inmigración
ilegal. Para nadie es un secreto la operación de organizaciones en la trata de
inmigrantes con destino a la República Dominicana. Esas organizaciones operan
en complicidad con funcionarios y empleados de las entidades oficiales que
tienen contacto directo con los potenciales inmigrantes. Aunque diariamente en
los medios de comunicación se anuncia supuestos desmantelamiento de bandas de ese
tipo, a diario se dice que los inmigrantes que deportan al día siguiente o ese
mismo día retornan a la República Dominicana pagándole sobornos a los mismos
funcionarios que los deportaron horas antes. Ese tipo de actuaciones de
funcionarios públicos, civiles y militares, debe verse como una violación a sus
funciones oficiales, a la soberanía y se constituye en una traición a la Patria
con fines económicos y como tal deben ser sancionadas. Sería prudente evaluar
la posible modificación de la Ley No 285-04, Ley General de Migración, donde se
contemple la tipificación de las acciones irregulares de ese personal y la
responsabilidad penal y civil agravada que implicaría.
Hasta
ahora el tema de la inmigración ilegal, se ha abordado de manera irresponsable
e hipócrita, llegando al punto de que, gente, que según rumores populares han
estado involucrada en esas prácticas, por sus posiciones pasadas y presentes en
instituciones públicas vinculadas a la inmigración ilegal, viven pregonando un
interés seudo nacionalista que en realidad nunca lo han tenido, pero que sí les
ha servido para tratar de posicionarse como figuras políticas en la República
Dominicana.
Hay
que desenmascarar a los que por comisión u omisión han fomentado y se han
beneficiado económicamente de la inmigración ilegal, que, repito, es una
violación a la soberanía nacional y una traición a la Patria…y deben recibir un
castigo ejemplar…seguimos…
El autor es economista, con altos estudios en administración financiera, formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, rural, industrial y pymes. En su historial en el sector público se establece que fue Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura y Asesor del Ministerio de Agricultura de Políticas Públicas Agropecuarias. Actualmente es el Director Ejecutivo (HONORÍFICO) de la Fundación Economía & Democracia, Inc., (FUENEDEM).
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