Elaborado por Eladio Contreras Reyes
Economista y analista socioeconómico
Director Ejecutivo
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Introducción
y contexto
En septiembre de 2014 la
Fundación Economía & Democracia, Inc. (FUENEDEM) planteó diez grandes
aspectos para el desarrollo agropecuario dominicano. Doce años después, la
mayoría sigue pendiente, y el contexto en que deben aplicarse es más exigente:
la desgravación arancelaria del DR-CAFTA concluyó, el Decreto 693-24 fue
derogado y el país negocia su relación comercial con Estados Unidos en medio de
una nueva ola de aranceles. Por eso actualizamos este documento: las
propuestas siguen vigentes, pero hoy son más urgentes.
El sector agropecuario
dominicano es mucho más que una cifra del PIB. En 2025 el PIB agropecuario
ascendió a RD$363,502.1 millones de pesos a precios corrientes, un 4.6% del PIB nacional
(subsector agrícola 3.30% y ganadería, silvicultura y pesca 1.30%). Del valor de la producción agrícola, cinco
cultivos (plátano, aguacate, coco, arroz y lechosa) concentraron el 57.6% del
total. El plátano (US$952 millones) y el aguacate (US$937 millones) encabezan
el ranking de importancia económica que FUENEDEM elabora desde 2016. Son
ingresos reales, para productores reales, en casi todas las provincias del
país.
La segunda dimensión es
social. El sector ocupó a 354,728 personas al cierre de 2025, el 6.30% de los
ocupados del país. Pero ese porcentaje era 10.80% en 2014: la participación
del empleo agropecuario ha caído de forma sostenida durante doce años.
Detrás de esa cifra hay migración rural, envejecimiento del productor,
comunidades que pierden su base económica y mayor presión sobre las ciudades. Y
a ese empleo directo hay que sumarle el indirecto: proveedores de insumos,
transportistas, operadores de maquinaria, molinos, secadoras, comerciantes y
agroindustrias. El caso del arroz lo ilustra: cerca de 30,000 productores, el
70% con 50 tareas o menos, sostienen una cadena de unas 300 mil personas. El
agro dominicano es, ante todo, una economía de pequeños productores y de
familias rurales, y es uno de los pocos mecanismos de movilidad social con que
cuenta el interior del país.
La tercera dimensión es el comercio. El DR-CAFTA se firmó en agosto de 2004, entró en vigor en marzo de 2007 y fijó para los productos sensibles, como el arroz, un calendario de desgravación que concluyó en enero de 2025. El país tuvo veinte años para prepararse. En 2016 el Decreto 260-16 creó una comisión de alto nivel para evaluar el impacto del tratado y formular medidas de mitigación; sin embargo, buena parte de esas recomendaciones nunca se implementó.
El costo de esa
omisión se vio en 2024, cuando las importaciones de arroz se multiplicaron por
9.5 (214,061 toneladas, el equivalente a una tercera parte de la producción
nacional), en buena medida desde terceros países como Guyana, Tailandia y
Brasil. El 9 de septiembre de 2026, el Decreto 635-26 derogó el régimen de
contingente y arancel del Decreto 693-24, y el arroz estadounidense puede
entrar sin cuota y sin arancel. Estudios del BID ya advertían que, sin medidas
especiales de aumento de productividad, la desgravación del DR-CAFTA podía
generar una pérdida de excedente del productor de alrededor de US$1,000
millones en el conjunto de la región. Nadie serio pide desconocer un tratado
vigente; lo que se exige es hacer, al fin, la tarea pendiente.
Por último, el escenario
comercial sigue moviéndose. Estados Unidos, principal socio comercial del país
(más de US$18,900 millones en intercambio de bienes el año pasado), incluyó a
la República Dominicana entre los 66 países afectados por nuevos aranceles de
entre 10% y 12.5%, y el presidente Abinader ha anunciado que la prioridad de la
nueva Cancillería es negociar un acuerdo recíproco de tarifas. En paralelo, el
país mantiene acuerdos con Centroamérica, el CARICOM, Panamá y la Unión Europea
(mediante el EPA CARIFORUM-UE), y en julio de 2026 se informó del inicio de
negociaciones de un acuerdo comercial de alcance parcial con Ecuador. Cada
acuerdo abre oportunidades de exportación para el aguacate, el cacao, el
banano, los vegetales y los productos orgánicos; pero también implica riesgos
para los rubros sensibles. La lección es que ningún acuerdo se aprovecha ni
se mitiga solo: se requieren sanidad, inocuidad, infraestructura,
financiamiento y organización, es decir, los diez aspectos que se detallan a
continuación.
Los 10
grandes aspectos
1. Adecuación institucional
y simplificación de trámites. Redefinir las funciones
del gabinete agropecuario para darle mayor funcionalidad: simplificación de
trámites, reducción o eliminación de pagos de servicios burocráticos, entre
otros. Actualización: se propone una ventanilla única agropecuaria
(permisos, registros, certificaciones y acceso a apoyos), un padrón único de
productores como base de todos los programas y un mecanismo permanente de
coordinación con las organizaciones de productores, para que ninguna política
dependa de quién ocupe el cargo.
2. Fortalecer y
universalizar el sistema nacional de sanidad animal, vegetal, de inocuidad y
trazabilidad agroalimentaria para los mercados
nacionales e internacionales. Actualización: la sanidad es la verdadera
llave de los acuerdos comerciales. Sin ella no se aprovechan los mercados
abiertos ni se controla lo que entra al país. Es necesario fortalecer los
laboratorios, la inspección en puertos y aeropuertos, y la vigilancia de plagas
y enfermedades, y garantizar que el producto importado cumpla las mismas
exigencias que se le imponen al productor nacional.
3. Establecer el sistema
nacional de apoyo al sector agropecuario que incluya incentivos
fiscales y apoyo en efectivo para compensación de pagos de préstamos, seguro
agropecuario, asistencia técnica, capacitación y adquisición de tecnología,
entre otros, para el fomento del sector tanto para el mercado nacional como
para exportación. Los recursos invertidos en este sistema serían a fondos
perdidos. Actualización: este sistema debe diseñarse con apoyos
compatibles con el DR-CAFTA y la OMC (la llamada “caja verde”: servicios
técnicos, infraestructura, seguros y reconversión), con metas verificables y
priorizando al productor de 50 tareas o menos. Un seguro agrícola de cobertura
amplia, con esquema paramétrico para huracanes e inundaciones, es una pieza
central.
4. Establecer el subsidio
al gasoil agropecuario. Actualización: el gasoil está
presente en la preparación de suelos, el bombeo de riego, la cosecha
mecanizada, el secado y el transporte. Los impuestos de las leyes 112-00 y
495-06 suman RD$69.16 por galón de gasoil regular, según la estructura de
precios del MICM de octubre de 2026. Proponemos un precio preferencial o el
reembolso de los impuestos contra factura, con uso exclusivo agropecuario,
auditoría contra el desvío, trámite simple para el pequeño productor y
desvinculado de la cantidad producida, para asegurar su compatibilidad con los
compromisos comerciales del país.
5. Establecer por ley la
obligatoriedad de que los programas de asistencia social de las entidades
oficiales se suplan de productos agropecuarios nacionales y que se
compre en el exterior solo cuando se compruebe que no hay existencia nacional (plan
social, comedores económicos, desayuno escolar, etc.). Actualización:
las compras públicas son un mercado cautivo y previsible para el productor
local. Deben contemplar contratos anticipados, compra a organizaciones de
pequeños productores y un reporte público de cuánto se compra a cada origen.
6. Establecer el sistema
nacional de acreditación y certificación de buenas prácticas agrícolas para los
mercados nacionales e internacionales. Actualización: certificarse es
hoy un requisito de acceso, no un lujo, tanto para exportar al mercado
estadounidense y europeo como para vender a supermercados y hoteles. El sistema
debe ser accesible en costo para el pequeño productor y estar vinculado con la
marca de origen (por ejemplo, “Arroz Dominicano”).
7. Establecer el sistema
nacional de infraestructuras agropecuarias para la construcción o
mantenimiento total o parcial de carreteras, presas, canales de riego, centros
de acopio, puertos y aeropuertos, entre otros, para el sector agropecuario. Actualización:
se incorporan los centros de secado, almacenamiento y frío, los caminos
vecinales y la logística portuaria y aeroportuaria para exportación. Cada peso
invertido en infraestructura reduce el costo de producir y de comercializar, y
ese es el tipo de apoyo que ningún tratado limita.
8. Establecer el sistema de
precios de sustentación que garantice una rentabilidad mínima a los
productores, siempre y cuando el productor solicitante lo haga en el marco de
la planificación nacional, regional o provincial. Actualización: se
propone publicar antes de cada siembra un precio de referencia basado en costos
de producción por sistema, y ligarlo a la planificación de siembras, para que
la garantía de precio no estimule sobreproducción. Esto exige, a su vez, una
encuesta anual de costos por finca y estadísticas abiertas de producción e
importación.
9. Fortalecer la
agricultura bajo ambiente controlado y la agricultura por contrato. Actualización:
produce mayor rendimiento por área, menor uso de agua y más inocuidad, y es una
alternativa real para el joven agricultor con poca tierra. La agricultura por
contrato, con precio y calidad pactados antes de la siembra, reduce el riesgo
del productor y del comprador, y es la vía natural para vincular la finca con
la agroindustria, los supermercados y la exportación.
10. Fomentar todo tipo de
esquema de asociatividad, cadenas de valor o encadenamientos productivos que
generen mayor competitividad y rentabilidad a la agropecuaria nacional. Actualización:
con fincas tan pequeñas, la escala solo se logra organizándose: cooperativas y
asociaciones para compra conjunta de insumos, mecanización compartida, secado,
almacenamiento y comercialización. Ningún actor de la cadena puede aspirar a
ganancias superiores al valor que efectivamente agrega; por eso, lo racional es
que el productor se organice para asumir más eslabones.
Conclusión
El agro dominicano no
necesita protección eterna: necesita tiempo, tecnología y reglas claras para
competir, dentro de los compromisos asumidos en el DR-CAFTA y en los demás
acuerdos que el país ha firmado o negocia.
Estos diez aspectos son, a la vez, la mejor política de defensa y la mejor política de ofensiva comercial, porque lo que protege al productor del arroz o del cerdo es lo mismo que habilita al exportador de aguacate, cacao o banano. La soberanía y la seguridad alimentaria no se negocian. Las recomendaciones están hechas desde hace doce años. ¡Pero ya!
Sobre el autor: Eladio
Contreras Reyes es economista, con altos estudios en administración financiera,
formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos
de desarrollo agropecuario, rural, industrial y de las Mipymes. Fue
Viceministro Administrativo-Financiero del Ministerio de Agricultura y Asesor
de Políticas Públicas Agropecuarias de esa misma cartera. Actualmente es
Director Ejecutivo (Honorífico) de la Fundación Economía & Democracia, Inc.
(FUENEDEM).
VERSION ORIGINAL: https://economiaydemocracia.blogspot.com/2014/09/10-grandes-aspectos-para-el-desarrollo.html
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