Elaborado por
Eladio Contreras Reyes
Presidente Ejecutivo
Introducción
En la Republica Dominicana, al igual que en
muchos países de la región, el sector agropecuario es percibido como uno de los
sectores económicos de mayor riesgo en las operaciones de préstamos.
La actividad
agropecuaria, además de los riesgos de fenómenos naturales atmosféricos
(sequia, inundaciones, granizos, vientos, entre otros), también presenta riesgo
de mercado (variaciones de precios y cantidades ofertadas y demandadas).
La Junta Monetaria de
la República Dominicana, con la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, ha implementado un reglamento de evaluación de
activos, donde se establece una serie de categorías o clasificaciones de
créditos, que sitúa al sector agropecuario en las categorías que más reservas o
provisión de créditos necesitan para su otorgamiento.
Ello obliga a las entidades financieras, para
poder compensar parte de los recursos provistos como reservas, hacer ajustes a
las tasas de los préstamos.
Como los organismos de supervisión bancaria
están constituidos para velar por los recursos de los depositantes y/o
accionistas, apelar a que se modifiquen sustancialmente dichas disposiciones no
es lo más aconsejable en los actuales momentos.
Esa situación ha generado la preocupación y
necesidad en las distintas administraciones de gobierno, y en especial de los
propios productores, de crear y/o
especializar entidades públicas para el otorgamiento de financiamiento en
mejores condiciones de tasas, montos y plazos para los productores
agropecuarios.
Los servicios financieros y no financieros al sector agropecuario necesariamente no deben otorgarse como se le da a otras actividades económicas
o para otros destinos. La prima o el componente adicional de riesgo del sector
debe ser cubierta, preferiblemente con recursos provenientes del gobierno. La
diferencia seria bajo qué o cuáles modalidades se haría.
LA
RESPUESTA OFICIAL ANTE EL PROBLEMA
En la actualidad, en el país operan varias
entidades oficiales, que de manera total o parcial, dedican recursos al financiamiento
agropecuario. Estas entidades operan como banca de primer piso (le prestan
directamente al productor), o como banca de segundo piso (financian
intermediarias que a su vez le prestan al productor). Se destacan:
Ø
El
Banco Agrícola
Ø
El
Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)
Ø
El
Banco de Reservas
Ø
Banca
Solidaria
Ø
Fundación
Reservas
Del sector privado operan varias entidades,
entre ellas bancos, especialmente de ahorros y créditos, cooperativas, ONGs,
entre otros.
En el caso del FEDA y algunas ONGs, su
especialidad única es el otorgamiento de los créditos, pues reciben los
recursos a través del presupuesto de la nación y/o de la
cooperación internacional.
Es decir, su gestión no tiene que ver en la
labor de intermediar recursos, en el sentido de captar a través de cuentas de
depósitos de ahorros o a plazo, mediante el pago de una tasa (pasiva).
Todas las intervenciones que realiza el
Gobierno para tratar de corregir las denominadas fallas de mercado, van a ser
distorsionante en mayor o en menor medida, considerando el tipo de acción
estatal.
Cuando una entidad, sea pública o privada,
hace colocaciones de préstamos a tasas
iguales o menores que las tasas pasivas promedio prevalecientes en el sector
financiero, crea una gran distorsión, ya que se estaría desconociendo el primer elemento
para asegurar la sostenibilidad sistémica financiera:
Que las tasas activas (las que pagan los
clientes de préstamos), sean mayores que las tasas pasivas (las que pagan las
entidades financieras a sus clientes depositantes, para, entre otros objetivos,
poder cubrir todos sus costos operacionales y en lo posible capitalizarse.
En las operaciones de créditos, las entidades
tienden a cobrar una mayor tasa de
interés a los clientes que presenten mayores riesgos y viceversa, cobran
menores tasas a los clientes de menores riesgos. De ahí viene el termino tasa
prime o tasa preferencial, que es la que se le cobra a los clientes más
solventes de las entidades financieras.
Es decir, la mayor aspiración de política
pública para desarrollar y ampliar los financiamientos al sector agropecuario,
es tratar de acercar lo más posible, la tasa de los prestamos agropecuarios, a la
tasa prime o preferencial.
De no hacerse así, las entidades financieras
estarían haciendo malas gestiones de riesgo, y pudiera poner en peligro su
sostenibilidad.
Para concluir esta primera parte, desde el
Gobierno, salvo el caso de la Fundación
Reservas, que sí toma en cuenta aspecto de las captaciones u operaciones
pasivas en la movilización de fondos, se le ha dado un enfoque unilateral al
problema del bajo financiamiento al sector agropecuario.
OPCIONES
DE FINANZAS AGROPECUARIAS
Ante lo planteado anteriormente, las opciones
de financiamiento agropecuario, que no aborden el problema de forma integral,
sus resultados positivos, si los hubiera, serán cortoplacista y por tanto no se
asegura su sostenibilidad.
Cualquier propuesta de política pública que
pretenda impactar favorablemente en el financiamiento del sector agropecuario
debe tomar en cuenta, lo siguiente:
Ø
Tasas de interés
pasivas y activas
Ø
A todas las entidades
financieras privadas
Ø
Movilización sostenible
de recursos financieros
Aunque luzca contradictorio, una forma de
fortalecer el financiamiento al sector agropecuario dominicano, es darle los
incentivos apropiados a las entidades financieras que estén dispuestas a
trabajar en el sector.
Hay actividades donde se han implementado de
forma exitosa los sistemas de copago, es decir, donde el productor paga una
parte de la totalidad del costo o precio del servicio o el bien.
Por ejemplo, para fomentar el uso del seguro
agropecuario, se dispuso que el gobierno cubra el 50% del costo de la póliza,
independientemente de la empresa aseguradora.
En el caso de los préstamos, hay varias opciones
de política pública eficiente y que tendría menor impacto distorsionante, y que
pudieran generar que la banca privada se interese en el financiamiento del
sector agropecuario nacional.
Pero hay otras opciones de políticas públicas
que se podrían implementar que pueden impactar positivamente en el desarrollo
del sector:
- Constitución de un Fondo de Cobertura de Riesgo Crediticio en el marco del Sistema de Garantía Recíproca para fortalecer los sectores productivos nacionales aprobado por resolución de la Junta Monetaria en junio del 2014 y remitido el anteproyecto de ley al Congreso Nacional. Ese fondo operaria contra los montos del capital no cobrado por las entidades financieras, una vez desarrollado todo el proceso de cobro. Para velar por la buena evaluación de los créditos, este fondo reembolsaría hasta el 60% del capital adeudado.
- Constitución de un Fondo de Solidaridad del Crédito Agropecuario con recursos del presupuesto de la Nación. Este Fondo se orientaría, fundamentalmente, a financiar la producción y modernización tecnológica del campo dominicano. Este fondo operaria para pagar (copago) una parte de los intereses de los préstamos agropecuarios que el Gobierno haya decidido priorizar. El aporte del Fondo seria mayor en los renglones que por razones estratégicas (generación de empleos, divisas, sostenibilidad ambiental, inclusión de jóvenes y mujeres, entre otros), el Gobierno quiera fomentar.
- Elaboración y actualización continua del Registro Nacional de Productores Agropecuarios, donde entren otras cosas, se determinen la edad, sexo, ubicación geográfica, tamaño de parcelas, cultivos o rubros, educación, propiedad de la tierra, manejo orgánico y/o convencional de la producción, etc. Es decir, se debe tener una caracterización sistémica profunda de las individualidades de los productores. Por una razón elemental:
No se puede
desarrollar la agropecuaria sin desarrollar al productor individual. Y no se
puede desarrollar lo que no se conoce.
Es
decir, al disponer de los perfiles individuales de cada productor agropecuario,
desde las distintas agencias de servicios al sector, se podrán formular las
acciones de políticas públicas para su desarrollo y fortalecimiento.
Un resultado esperado del Registro Nacional de Productores
Agropecuarios es que ayude a la formalización empresarial de las unidades
productivas agropecuarias. Es decir, debe ser un mecanismo de elaboración de bases
de datos del sector empresarial para el diseño de políticas y acciones
oficiales para aumentar la competitividad y rentabilidad empresarial.
Conclusiones
y Recomendaciones
El sector financiero
dominicano dispone en términos cuantitativos de los recursos suficientes para
financiar todos los sectores económicos, básicamente sus necesidades de corto
plazo.
Le corresponde al Gobierno
Dominicano, formular y ejecutar acciones de políticas públicas, que hagan
atractivo al sector financiero en los financiamientos a sectores de mayores
riesgos operativos y a plazos mayores para la adquisición de activos fijos
especialmente.
La prima o el componente adicional de riesgo del
sector debe ser cubierta, preferiblemente con recursos provenientes del
gobierno.
Los mecanismos menos
distorsionantes y que requieren menor inversión en términos relativos, son los
fondos de garantía y los fondos de pago solidario de intereses de préstamos.
Deben ser mecanismos
abiertos e inclusivos, no solamente de los sujetos de créditos, sino también de
las entidades financieras que quieran acogerse a esos mecanismos de fomento.
Al haber competencia y ante
el hecho de que los pagos de intereses seria en porciones fijas a los
productores, las entidades financieras, con tal de captar a los productores,
van a ofertar mejores tasas de interés, lo que en el mediano y largo plazo,
generará mayores habilidades en la gestión de riesgos por parte de las
entidades financieras, que se ira reflejando en las tasa de interés activas.
El objetivo de cualquier
sistema de fomento empresarial, mediante los mecanismos diversos que existen,
deberá ser siempre promover la eficiencia en los productores, para que de forma
sostenida, aumenten su producción y rentabilidad. Eso se traduce en una mayor y
mejor clasificación crediticia.
Ser sujetos de créditos más
confiables generará que las tasas de sus préstamos sean más bajas, lo que a la
larga hará que no tengan que depender de apoyo del gobierno para tener gastos
financieros más competitivos.
Ese
es el círculo virtuoso de la eficiencia operativa que un Sistema de
Financiamiento al Sector Agropecuario Dominicano más Eficiente, Inclusivo y
Sostenible, puede generar.
ESTADISTICAS
DE FINANCIAMIENTO
CARTERA DE CREDITO DE
ENTIDADES FINANCIERAS REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
|
|||||
CARTERA DE CREDITO
AGROPECUARIO
|
|||||
EN MILES DE MILLONES DE
RD$
|
|||||
AÑO
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
A) CARTERA DE CREDITOS AGROPECUARIOS
|
$17.84
|
$20.85
|
$17.91
|
$16.25
|
$18.04
|
B) CARTERA TOTAL
|
$499.32
|
$560.09
|
$653.13
|
$725.59
|
$844.48
|
C) A/B Proporción de Cartera Agropc./Cartera Total
|
3.57%
|
3.72%
|
2.74%
|
2.24%
|
2.14%
|
Elaborado
por la Fuenedem con datos de la Superintendencia de Bancos
Como se puede apreciar, la
cartera agropecuaria, dentro del sector financiero regulado, ha venido
disminuyendo su participación dentro de la cartera total. Cualquier política
pública que pretenda aumentar significativamente la canalización de préstamos a
la agropecuaria, que no contemple la participación activa y entusiasta del
sector financiero regulado, no estaría tomando en cuenta el sector que más
recursos moviliza y a menor costo.
Entonces, se hace imperativo
que en las iniciativas de desarrollo del sector agropecuario, en lo que
respecta el financiamiento, deben articularse una serie de acciones donde el
sector financiero regulado, que representa la mayoría de entidades financieras
de la Republica Dominicana, pueda desempeñar un rol más trascendente, porque,
por lo anteriormente expuesto, sería una alternativa eficiente para aumentar
los financiamientos y a un costo financiero menor.
