Eladio Contreras Reyes-Director Ejecutivo
La agropecuaria es una de las actividades productivas que está más expuesta a una diversidad de riesgos que le son propios por su naturaleza.
En la actividad agropecuaria, los riesgos más incontrolables son los referidos a la variabilidad meteorológica, y en menor medida, si se cuenta con un adecuado sistema de sanidad agropecuaria, los referidos a plagas y enfermedades, tanto a los cultivos como al ganado.
El riesgo de mercado (o de precios) tiene que ver con la variabilidad en los niveles de precios, generados en mayor medida por los choques de oferta y demanda de los mercados agropecuarios.
Por esas y otras razones, la actividad agropecuaria es percibida de alto riesgo. En tal sentido, todos los actores no agropecuarios, de la cadena de valor agropecuaria, ante esa realidad, generalmente penalizan los precios de los bienes y servicios que proveen a los productores agropecuarios.
Los servicios financieros, evidentemente, no están exentos de esas penalidades a la actividad agropecuaria. Eso se traduce en que generalmente los costos financieros para la actividad agropecuaria, son más elevados que los que se les aplican a las actividades manufactureras, comerciales y de servicios.
A esos y otros riesgos de la actividad agropecuaria, se agregan otros que son más de carácter estructural, y limitan las posibilidades de lograr niveles de producción con perspectivas de rentabilidad.
Resulta indudable que, desde el Gobierno Dominicano, en coordinación con el sector privado, especialmente organizaciones de productores agropecuarios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, y entidades financieras reguladas, entre otros actores, se han emprendido diversas iniciativas para aumentar la canalización de recursos financieros a las actividades agropecuarias.
Casi todas esas iniciativas de créditos a la agropecuaria, contemplaban facilitar el capital o principal, con la consabida tasa de interés altamente preferencial, muy por debajo de las tasas activas prevalecientes en el mercado, llegando en algunos casos, a concederse a tasas que ni los clientes de menores riesgos crediticios obtendrían en el mercado financiero nacional.
Para el mes de diciembre del año 2020, la cartera de préstamo del sistema financiero nacional era de RD$1,205,980,058,700.00, y las disponibilidades del sistema fue de RD$430,627,946,350.00, equivalente al 35.7% de la cartera de crédito, lo que indica que el problema necesariamente no es de recursos, si no de la falta de facilidades para movilizar una parte importante de esos recursos para el financiamiento de la agropecuaria.
Según el reporte de la Superintendencia de Bancos, la Tasa de Interés Promedio Ponderada a diciembre del año 2020 fue de 13.20%.
Al evaluar esas iniciativas y sus resultados, se puede apreciar un común denominador: las iniciativas no se mantienen una vez se agotan los recursos otorgados por donaciones o préstamos a tasas preferenciales de los organismos de cooperación o del Gobierno Dominicano.
Evolución de la cartera de créditos agropecuarios del año 2016 al 2020
En el período año 2016 al año 2020, la cartera de créditos agropecuarios ha tenido un peso promedio de 1.98% de la cartera total de préstamos. Ese reporte excluye las operaciones crediticias del Banco Agrícola de la República Dominicana.
En el año 2016 el peso de la cartera agropecuaria fue de 2.08%. En el año 2017 subió a 2.12%. Su nivel más, en el período, fue en el año 2019, cuando tuvo una importancia de 1.84% de la cartera total.
En el año 2020 fue de 1.95%.
Hay que dejar claramente establecido, que, las entidades financieras reguladas, no se sienten entusiasmadas en la canalización de préstamos al sector agropecuario.
Eso tiene su explicación, entre otros aspectos, por lo establecido en las normas prudenciales, específicamente en el reglamento de evaluación de activos, REA, que exige una serie de reservas atendiendo la calificación de los deudores. Obviamente que eso encarece significativamente los costos financieros, obligando a las entidades financieras cobrar una tasa activa mayor para poder percibir una rentabilidad similar a los demás préstamos de menor calificación de riesgo.
Para poner un ejemplo, si un deudor tiene calificación C, la entidad financiera que le otorgue un préstamo, tiene que consignar una reserva de un 20% del monto del mismo. Es decir, esa entidad debe excluir de sus disponibilidades prestables esa suma de dinero.
Entonces, para que esa entidad financiera pueda obtener una rentabilidad igual a la que tendría con un deudor de calificación A, donde el nivel de reserva es de solamente 1%, la tasa de interés que se le cobraría al deudor de calificación C, debe reflejar ese 20% de provisión o reserva que habría que hacer.
Bajo las situaciones antes descritas, las entidades financieras formalizadas, por razones de las normas prudenciales y aspectos legales, se le dificulta realizar operaciones de créditos con esos productores.
Conclusiones y recomendaciones
Ante lo descrito y evaluado a lo largo de este breve escrito, sugerimos una serie de acciones para aumentar la canalización de préstamos hacia el sector agropecuario:
1. Hay que crear un entorno amigable y favorable para que el sector financiero privado, incursione en el financiamiento agropecuario. En ese sentido recomendamos el fortalecimiento y diversificación del seguro agropecuario, la constitución de fondos de garantía de préstamos agropecuarios, entre otros.
2. Entre otros mecanismos de políticas públicas, recomendamos evaluar la constitución de un fondo de co-pago de los intereses de los préstamos agropecuarios, para que finalmente, en cada operación de crédito, el productor agropecuario pague una tasa de interés similar a la que pagaría un deudor con calificación A, y que la diferencia de los intereses sea pagada por ese fondo. De esa forma se reduce sustancialmente la distorsión que se genera al otorgársele préstamos con tasas de interés por debajo de lo que establece su calificación de crédito, según el reglamento de evaluación activos (REA).
3. Lo más aconsejable en la política general de apoyos a los productores agropecuarios, es tratar de hacerlo mediante acciones que no generen tantas distorsiones, y que sean, sobre todo, transparentes y trazables.
El autor es economista, con altos estudios y experiencia en administración
financiera, formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y
proyectos de desarrollo agropecuario, industrial y pymes
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