miércoles, 29 de junio de 2016

POTENCIAL LOGÍSTICO PUERTO DE MANZANILLO


Elaborado por
Luis Manuel Sánchez Díaz

La ampliación del Canal de Panamá, inaugurado ayer, permitirá que buques post-panamax de volúmenes de carga crucen por el Caribe, representando Manzanillo un atractivo logístico regional.
La Ley 1/12, de Estrategia Nacional de Desarrollo, objetivo general 3.1, y específicos 3.3.6/3.3.7, proyectan a R.D. Centro Logístico Regional, sustentado entre otros factores a localización geográfica, condiciones para atraer grandes volúmenes de cargas a regímenes aduaneros, económicos, servicios logísticos/tránsito internacional, orientados por políticas que prevén acuerdos comerciales y organismos de cooperación que promueven facilitación comercial.
La logística ha revolucionado las técnicas y organización del tráfico comercial internacional a niveles altamente ventajosos para la competitividad, pues se entrelazan sistemas productivos/distribución/operadores logísticos/infraestructuras viales, puerto/aeropuerto, zonas de fronteras terrestres y servicios de distribución, separadas por los factores tiempo/distancia, determinantes de costos que implican definir políticas que los reduzcan.
Perspectivas económicas de América Latina, Logística y Competitividad para el Desarrollo 2014 refiere que los costos del transporte en proporción a los aranceles en la región son muy superiores a otras regiones, por lo que para mejorar el desempeño logístico en corto plazo deben aprovecharse infraestructuras y facilidades existentes a través de soluciones ‘’blandas’’: eficacia aduanera, seguridad, tecnología de la información y logística eficaz.
El Puerto de Manzanillo, ubicado en la bahía de Montecristi, Municipio de Pepillo Salcedo, en el noroeste, tiene 48 pies de calado natural, construido en la década de 1940 a través de acuerdo del Estado Dominicano y la Firma Grenada Dominican Fruit and Steamship Company, iniciando en mayo de 1946 los cultivos y exportaciones bananeras y otros frutos
En 1966, Grenada Company cierra operaciones justificando entre otras razones, mermas productivas atribuidas a las plagas; y en 1969, los terrenos con alta vocación de cultivo del banano, parceladas en fincas pasaron al Banco Agrícola, quedando en el abandono la gran inversión en infraestructura portuaria, así depósitos de cámaras frigoríficas para preservar productos en la cadena de frío, que para la época representó una invención extraordinaria.
La infraestructura ferroviaria, equipos y vagones, conforme se observan vestigios, fueron desmontados (chatarras y exportadas), quedando aun armazones de madera y frigoríficos revestidos paneles de aluminio en deterioro progresivo, usado actualmente de chiqueros para crianza caprina, debiendo rescatarse y preservarse como atractivo histórico-turístico esta gran inversión que creó tantas expectativas económicas en poblaciones de la región.
La Plataforma y facilidades del muelle enclavada en la ensenada mas profunda del litoral costero de la isla, con una 227.7 metros de longitud, y canal para entrada de buques de 600 metros de ancho, condiciones de espacio que bien planificado acogería volúmenes de cargas de importación/exportación y tránsitos a extensiones de terminales/puertos secos.
Para desarrollar operaciones intensivas de importación/exportación, el mismo demanda una evaluación general del espigón y las diferentes áreas que complementan el recinto portuario, que delimita la zona primaria aduanera, oficinas del interior y áreas restringidas, condiciones de las vías de acceso; dispositivos seguridad, circuito de cámaras, entre otros,
Cabe resaltar, que es tendencia regional y mundial privatizar los servicios portuarios, por la inversión de capitales y elevados costos para mantener estándares de calidad y seguridad que garanticen factibilidad comercial y competitividad, que ante limitación presupuestaria Estatal, los principales puertos de R.D. ha sido concesionada su explotación a firmas privadas, con la observación de que no se realizaron concursos públicos que avalen la adjudicación.
En el contexto, consultores internacionales de la Comisión Presidencial para Modernización Portuaria, Dr. Diego Sepúlveda Whittle y Econ. Edgardo Gamarra, plantean la participación privada nacional/extranjera en concesiones portuarias, con garantías de seguridad integral de las infraestructuras y los servicios acogidos a la libre competencia de normas internacionales, y medioambientales de ley 64/00, que deben ceñirse operadores portuarios.
La Propuesta 50 del informe de la comisión internacional para el DED 2010-20, cónsono a la ley 01/12 END, contempla la Reforma Portuaria; refiriendo estudio del Banco Mundial, que la posición geográfica de R.D es una ventaja en la región, pues el 85% del transporte es vía marítima; y en contraste refiere, embarques de países asiáticos tardan meses en llegar a las costas E.U; de R.D. tardan 7 días, y sin embargo los costos del transporte es 20% inferior.
Propuesta 52 del Plan Estratégico, recomienda crear plataforma logística en el centro del país, justificando que desarrollo económico nacional se ha realizado sobre eje norte/sur, y el tráfico comercial ha seguido la misma lógica de las inversiones de capital público y privado.
La Plataforma logística de Manzanillo facilitaría recibir, embarcar, almacenar y redistribuir mercancías; simplificar gestión de contenedores vacíos, ensamblajes y procesos mínimos servicios de valor agregado; balanceando volúmenes de cargas norte sur, potenciando sus facilidades una dinámica logística comercial exportación a Haití y otros destinos regionales.
Los objetivos específicos 3.3.6.5/3.3.7.1/3.3.7.3 de la ley 1/12 END, promueven participación público/privada en la inversión de proyectos de infraestructuras y provisión de servicios de transportes y logística, amparado en regulaciones de servicios logísticos con estándares de calidad de clase mundial, con garantías y protección de intereses nacionales e inversores.
En ese tenor, el Decreto 262/15, emitido al inaugurarse la 1ra. fase del Centro Logístico del Multimodal Caucedo (27/10/2015), cónsono al artículo 25 ley 1/12, norma y define los términos y funciones de los operadores de los centros y los servicios logísticos; regímenes de depósitos, despacho aduanero, transporte y la seguridad, imperativos de los acuerdos comerciales suscritos por R.D, lo que implica retos de competitividad del tráfico comercial.


viernes, 17 de junio de 2016

SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ANTE DERECHOS DE USUARIOS

Elaborado por
Luis Manuel Sanchez Diaz

El gran desafío que tiene el país para potenciar su desarrollo con equidad social, político y económico, es fortalecer la institucionalidad para que las leyes y normativas emanadas de los órganos competentes del Estado se cumplan al margen de intereses particulares de grupos económicos o de parcelas políticas, a los que en gran medida responden los funcionarios públicos por los compromisos contraídos, justificándose sus desafueros sin reparo alguno ante una sociedad postrada que ha renunciado a reivindicar sus derechos.
La aplicación de normas institucionales no debe estar sujeta a criterios personalistas de ejecutivos o técnicos indiferentes, que con actitudes arrogantes y prepotentes desdicen la función social del Estado ante usuarios de los servicios públicos, pues no asumen con carácter y juicio crítico las rectificaciones por inobservancias a procedimientos absurdos que generan distorsiones y aumentos de costos exorbitantes por demoras del despacho.
Las atribuciones conferidas en el artículo 5, párrafos I, II y III de la 3489-53 a los oficiales aduaneros, sus decisiones son susceptibles de recurrirse, pues asumen responsabilidad civil ante usuarios por derechos conculcados, recurso legítimo que podrá anteponer el agraviado mediante instancia a la DGA, y en defecto al Tribunal Superior Administrativo, lo que no debe malhumorar, ensañar o indisponer al funcionario en contra de afectados. Conforme ley 11-92 Código del Tributario, Administración Aduanera debe observar el artículo 174 del Código Penal Dominicano, consecuencias a funcionarios públicos perceptores de derechos, ingresos, rentas, y otros valores que se exijan, que habrán de corresponderse con sumas y valores que en realidad se adeuden, no debiendo aplicarse sumas superiores, pues contraviene esta normativa del ordenamiento jurídico del Estado
Asimismo, la ley 107/13 sobre Derechos de las Personas y/o Usuarios en sus Relaciones con la Administración Pública y Procedimientos Administrativos, normando el artículo 7 los deberes de los funcionarios y empleados respecto a la atención a las personas físicas o jurídicas que soliciten prestación de un servicio a la Administración de Aduanas.
Es responsabilidad ineludible el irrestricto apego a la institucionalidad en lo que respecta al cumplimiento de la ley y los acuerdos comerciales, sin lugar a interpretaciones, lo que supone que los funcionarios responsables de normar este servicio público, por igual ciñan sus actuaciones al margen de arbitrariedades, cuyas acciones son susceptibles de recurrirse en un Estado Social de Derechos que consagra la Constitución de la República.
Imponer multas que sobrepasan el valor FOB e impuestos, violenta preceptos constitucionales de proporcionalidad de la pena y garantías a derechos al debido proceso, pues errores previstos en ley 3489 DGA, que en regímenes liberatorios de zonas francas industriales y comerciales regulados por leyes 8/90/reglamento 366/97 y 4315/55, decreto 997/02, desbordan el exceso, pues las violaciones están tipificadas en normativas de referencias.
Es perentorio descentralizar despacho de zonas francas comerciales de la DGA, trámites propios de las Administraciones en el ámbito de jurisdicciones y competencias previstos en las leyes 3489/53 y 226/06 y resolución 06/07 del Consejo de Dirección de la propia institución sobre prestación de servicios externos, artículos 1 y 3 tránsitos aduana-aduana, que confiere esta facultad a los administradores autorizar en el término de 24 horas.
Es un contrasentido en una aduana electrónica sustituir por un oficio administrativo la DUA, adjunto cientos de copias, que en términos jerárquicos contraviene ordenanzas de Norma General DGA-01/12 de DUA Jurada Electrónica y Resolución 06/07 del Consejo Dirección DGA y art. 14 ley 226; tardando promedio 5 días, duplicando costos logísticos, y resta utilidades que afecta ingresos del Estado que percibe el 5% de las ventas brutas.
Ante los retos de competitividad que impone la Globalización y los acuerdos comerciales, a los funcionarios aduaneros les asiste el deber de velar por el cumplimiento de las leyes y normas de facilitación comercial, fundamental en presente coyuntura socioeconómica; propiciar necesarias alianzas Público-Privada que potencien fortalezas para consolidar los estándares de productividad/calidad, conforme términos de compromisos contraídos.
Acuerdo DR CAFTA, capítulo 5, articulo 5.2 prevé despacho expreso una vez presentada DUA, y ley 226/06 de autonomía DGA, artículo 14, párrafo III, condiciona a la institución a cobrar tasa por servicio de US$75.00 y US$100.00/contenedores de 20’/40’, cargas sueltas/kgs que el despacho de mercancías sueltas/consolidadas y contenerizadas se realice en término de 24 horas siguientes al desembarque y/o la presentación de la DUA. La referida Norma No. 01/12 DGA, sustentada en ley 126/02 de comercio electrónico y firmas digitales que configura el SIGA), descentraliza DGA a tenor al artículo 5.3 del DR CAFTA y capítulo VII tecnología de la información del Convenio Kioto de Simplificación y Armonización Regímenes Aduaneros, instrumento de facilitación comercial aprobado por resolución 119/12 del Congreso Nacional, que OMA promueve como buenas prácticas.
En contexto, Marco Normativo de OMA para Facilitar el Comercio, Organismo del que la DGA es parte signataria, Pilar No. 3.1 Aduanas-Aduanas para facilitar y asegurar el comercio internacional, promueve práctica de inspeccionar las mercancías antes de la llegada, acción sustentada en dudas razonables de riesgos, al margen de arbitrariedades.
Así también el despacho de la carga aérea, previsto en el artículo 5.7, literales a) b) c) d) y e) en las 6 horas siguientes a la presentación de la DUA, adjuntos documentos que sustentan transacción, así presentar la DUA antes del arribo del medio transportista.
La DGA debe coordinar acciones con las asociaciones para configurar logística del despacho y embarques apegada a la ley, con racionalidad de costos, identificando a través efectivos controles de calidad del servicio, los desfases que inciden en las demoras, muchas de sujeciones, inducidas por intereses que le benefician los atascos, sobrecostos que operadores logísticos y portuarios traspasan a los usuarios.


martes, 26 de abril de 2016

Importancia Económica del Banano en la República Dominicana. Perspectivas.

Elaborado por:
Eladio Contreras Reyes
Presidente Ejecutivo

La industria bananera ha mostrado un fuerte empuje en los últimos años en la República Dominicana.

Para el año 2015 se estima que se cultivaron unas 270 mil tareas en las Provincias Valverde, Montecristi, Azua y Santiago, básicamente. Se han reportado en menor medida, cultivos comerciales también en las provincias de Santiago Rodríguez y Peravia.

Las ventas totales, tanto locales como para exportación,  atendiendo cifras del Banco Central y estimaciones de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO), en los últimos 5 años,  han tenido el siguiente comportamiento:

ESTIMACION DE VENTAS TOTALES DE BANANO
VENTAS LOCALES Y EXPORTACIONES
(MILLONES DE US$)
AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
VENTAS TOTALES
360.1
312.9
353.1
413.4
421.2
EXPORTACIONES
306.1
266.0
300.1
351.4
358.0
VENTAS LOCALES
54.0
46.9
53.0
62.0
63.2
Atendiendo esas estimaciones, el banano se ha constituido en uno de los cultivos de mayor importancia socioeconómica en el País.

Es el producto agropecuario que más aporta a las exportaciones nacionales, superando al cacao en grano, aguacate, ajíes y pimientos, y a todos los demás productos agropecuarios.

Dentro de los productos agroindustriales, el banano ocupa el segundo lugar, siendo solo superado por las Manufacturas de Tabaco, que en el 2015 generaron 584.5 millones de dólares y en el 2016, el aporte fue por 693.6 millones de dólares.

Un aspecto  que es determinante en los relativos altos ingresos de la  actividad bananera dominicana, es el hecho de que más del 80% de su producción está orientada a los mercados orgánicos y/o de comercio justo.

Esos mercados pagan una prima adicional que lo que se le paga al banano convencional.

Veamos un ejemplo:

Para el año 2013, según el portal Trade Map, el precio promedio de la tonelada de banano, del mayor exportador mundial, convencional en su casi totalidad, Ecuador, fue de 427 dólares.

El precio promedio del banano exportado por la Republica Dominicana fue de 473 dólares, es decir, los productores dominicanos fueron favorecidos con un sobre precio de 46 dólares por tonelada.

Para el año 2014, según el portal Trade Map, la situación fue la siguiente:

Ø  Precio Promedio para Ecuador                          435 dólares la tonelada
Ø  Precio Promedio Rep. Dominicana                    613 dólares la tonelada
Ø  Sobreprecio a favor de Rep. Dominicana          178 dólares por tonelada  

Lo importante de la matriz de cultivo en la Republica Dominicana es que más del 80% es de banano orgánico y/o comercio justo. Más del 12% está en transición, y solo un 8% no tiene vocación para ser orgánico.

Ya para concluir este breve escrito, la importancia en términos laborales, y los pagos salariales del cultivo de banano, se pone en evidencia en que emplea a más de 32 mil personas.

Si se le atribuye a cada una de esas personas un salario promedio por dia de 300 pesos, bajo el supuesto de que se trabajen 6 dias a la semana, durante 49 semanas en el año, el impacto en generación de ingresos a los trabajadores rondaría los en unos 2,822 millones de pesos anualmente, lo que de manera inequívoca también tiene grandes repercusiones positivas en las economías de las provincias bananeras.

Todo ello sin mencionar el impacto que tiene el cultivo en toda la cadena de valor, es decir, proveedores de insumos, servicios (fumigaciones, transporte y logística de almacenamiento, etc.),  entidades de financiamiento, asistencia técnica, comercializadores locales e internacionales, entre otros.




sábado, 2 de abril de 2016

EL PRESUPUESTO PUBLICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO 2008-2016




Elaborado por
Eladio Contreras Reyes,
Director Ejecutivo

Introducción

El gasto público representa una de las principales herramientas que tiene el Gobierno para orientar y priorizar las acciones para el desarrollo sectorial y territorial en la República Dominicana.

En el presente análisis se pretende establecer cuál ha sido la tendencia que ha observado el gasto público en el sector agropecuario dominicano, y a partir de ahí establecer algunas conclusiones y recomendaciones.

Alcance y Limitaciones

La intención del estudio era hacer un análisis pormenorizado y detallado de cual sido la programación y ejecución del gasto público, en el capítulo 210, que es del Ministerio de Agricultura.

Al evaluar las estadísticas e informes de las dos entidades oficiales que por Ley son las que deben rendir los informes de ejecución presupuestaria, es decir, los estados de recaudación y de inversión de las recursos públicos, se verifican algunas diferencias, más o menos significativas, con las cifras estadísticas que provienen de algunos informes del Ministerio de Agricultura.

En efecto, las cifras de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), y obviamente algunas del Banco Central de la República Dominicana, son las que utilizamos en el presente documento.

Fundamentos Constitucionales y Conceptuales del Gasto Publico Agropecuario. Alineación a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El gasto público representa un esfuerzo del país para atender necesidades  prioritarias y financiar programas fundamentales de la política nacional de desarrollo. Existe el criterio generalizado de que las funciones y acciones del Estado en distintos ámbitos de la vida nacional, son muy necesarios para el desarrollo económico y social, en especial para el logro del bienestar general, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho que enarbola la Constitución de la República, en sus artículos 7 y 8.

Los preceptos Constitucionales más orientados al desarrollo agropecuario y/o rural, son los referidos a los Derechos Económicos y Sociales, en su artículo 50, sobre Libertad de Empresa, numeral 2, que literalmente establece…”2) El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país;…”

Y en el artículo 51, sobre Derecho de Propiedad, específicamente el numeral 3, textualmente dice…” 3) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica;…”

Por igual, el desarrollo agropecuario y/rural, es altamente valorado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, establecida mediante la Ley 1-12.

En efecto, el Objetivo General 2.3, sobre Igualdad de Derechos y Oportunidades, específicamente en el objetivo específico 2.4.2., que dice….” Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo…”

Las líneas de acción más importantes de este objetivo específico, son:

·   Desarrollar asentamientos rurales concentrados, con fines de hacer más eficiente la provisión y acceso a los servicios públicos básicos y la gestión de riesgos.

·   Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional.

    Fomentar   en   la   zona  rural   actividades   productivas  no   agropecuarias  que complementen y diversifiquen las fuentes de ingreso familiar, tales como las    vinculadas al agro-ecoturismo, los sistemas de pago por servicios ambientales y     mantenimiento de infraestructuras, entre otras.

     Apoyar la agricultura familiar como medio para contribuir a la reducción de la    pobreza rural y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural.

      Proveer servicios integrales para mejorar la gestión de las microempresas rurales.

·         Impulsar acciones afirmativas dirigidas a las mujeres rurales que garanticen su acceso a los recursos productivos (titularidad de la tierra, crédito, etc.) con el fin de superar los obstáculos que dificultan la autonomía y desarrollo personal.

Asegurar la debida coordinación y articulación en la ejecución de las políticas públicas que propicien condiciones favorables para el relevo generacional en el campo y la revalorización de la vida rural.

·         Propiciar la densificación ordenada de los grandes centros urbanos para posibilitar
·          mayor eficiencia en el uso del suelo y la eficaz cobertura de los servicios públicos.

·         Promover el desarrollo de ciudades intermedias o pequeñas de carácter estratégico.

·    Impulsar una equilibrada distribución espacial de las actividades económicas con alta capacidad de generar empleo decente.

Evolución y Participación del Presupuesto Agropecuario en Relación al Presupuesto Total y al Producto Bruto Interno (PBI) en el Periodo 2008 2015.

Para el año 2008, el presupuesto ejecutado del sector agropecuario fue por 9,785 millones de pesos. El presupuesto total ejecutado de la Nación fue por 340 mil millones de pesos. La participación del presupuesto agropecuario ejecutado fue del 2.88% del presupuesto total.

En el 2008, el PBI fue de 1,576,163 millones de pesos. La participación del presupuesto agropecuario sobre el PBI fue de un 0.62%.

Para el año 2009, el presupuesto sectorial ejecutado fue de 7,534 millones, es decir, hubo un descenso de un 23% con relación al año anterior. El presupuesto total ejecutado fue de unos 323 mil millones de pesos, para una reducción de un 5.2%, por lo que la participación sectorial fue de 2.33%. Para ese año el PBI fue de 1,678,763 millones de pesos, es decir, un crecimiento nominal de 6.5%, por lo que la participación del presupuesto sectorial fue de 0.45%.

En el año 2010, el presupuesto sectorial ejecutado fue de 7,199 millones de pesos. Hubo una reducción de un 4.5% con relación al anterior. El presupuesto total ejecutado fue de 364,942 millones de pesos, para un incremento de 13.1%. La participación del presupuesto sectorial sobre el total fue de 1.97%.

El PBI, en ese año, fue de 1,921,446 millones de pesos, es decir, se incrementó en 14.5%. La participación del presupuesto sectorial en el PBI fue de 0.37%.

Para el año 2011, el presupuesto total ejecutado fue de unos 398 mil millones de pesos, siendo el presupuesto sectorial ejecutado de 7,060 millones de pesos, para una participación de 1.77%. El PBI fue de 2,146,481 millones de pesos, por lo que el presupuesto sectorial represento un 0.33% del mismo.

El presupuesto ejecutado del año 2012 fue de unos 508 mil millones de pesos, y el del sector agropecuario ejecutado fue de unos 9 mil millones de pesos, es decir, equivalente al 1.77% del total.

El PBI fue de 2,377,504 millones de pesos, es decir, hubo un aumento de un 10.8% con relación al año anterior. La participación del presupuesto sectorial fue de 0.38% del PBI.

Para el año 2013, el presupuesto sectorial ejecutado fue de 9,011 mil millones de pesos, cuando el presupuesto total ejecutado fue de 438 mil millones de pesos. El presupuesto total se redujo en un 13.8% con relación al año anterior. La participación sectorial agropecuaria fue de 2.06%.

El PBI del 2013 fue de 2,558,586 millones de pesos, es decir, un aumento del 7.6% con relación al año pasado. La participación del presupuesto sectorial sobre el PBI fue de 0.35%.

El presupuesto total ejecutado del año 2014, fue de unos 491 mil millones de pesos. El  ejecutado por el sector agropecuario fue de 8 mil 51 millones de pesos, es decir, equivalente al 1.64% del total. El PBI fue de 2,786,230 millones de pesos. La participación del presupuesto sectorial sobre el PBI fue de 0.29%.

Para el año 2015, según los datos preliminares, el presupuesto sectorial ejecutado fue de 8,415 mil millones de pesos. El presupuesto total ejecutado fue de unos 518 mil millones de pesos. El gasto agropecuario represento un 1.63% del presupuesto total. El PBI fue de 3,022,629 millones de pesos, por lo que el gasto agropecuario represento el 0.28% del PBI.

Hay que precisar que el presupuesto vigente del 2015 fue de 8,858 millones de pesos, por lo que la ejecución presupuestaria fue de 95%.

Evolución y Participación del Presupuesto Agropecuario en Relación al Presupuesto Total y al Producto Bruto Interno (PBI) años 2016,

Para el año 2016, según los datos del Presupuesto del año 2016, que está en ejecución, el presupuesto original total era de 566 mil millones de pesos. El presupuesto sectorial asignado fue 8,402 millones de pesos, el equivalente del 1.5% del presupuesto total. El PBI total estimado para el 2016 es de unos 3,399,000 millones de pesos, por lo que el presupuesto sectorial asignado es equivalente al 0.25% del PBI.

Descomposición del Gasto Agropecuario años 2012-2015

Atendiendo las cifras que se publican en la ejecución presupuestaria 2012-2015,  del Ministerio de Agricultura, se puede apreciar lo siguiente:

Las actividades vinculadas al Programa 1, actividades centrales, representan alrededor del 10.5% del presupuesto total. Para el año 2015 se estima en unos 874 millones de pesos.

El Programa 11, de fomento a la producción agropecuaria, representa cerca del 23% de la ejecución presupuestaria. Se estima en unos 1,905 millones de pesos en el año 2015.

El Programa 12, Asistencia y Transferencia Tecnológica y Proyectos, presentó un gasto estimado de unos 106 millones de pesos, para 1.3% del gasto del Ministerio.

Las actividades referidas a la sanidad, asistencia técnica y fomento pecuaria, del Programa 13, incurrieron en un gasto estimado en unos 190 millones de pesos, equivalentes al 2.3% del gasto sectorial.

El Programa 98, contentivo a las contribuciones especiales que efectúa el Ministerio a distintas dependencias, publicas y privadas, del sector,  ha representado un promedio de 13.8% en los últimos 4 años. Para el  año 2015, se estima un gasto por unos 1,160 millones de pesos.

Dentro de esas entidades se destacan la  Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE), Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF- CATIE), Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), entre otras.

El Programa 99, que está referido a las transferencias que efectúa el Ministerio de Agricultura a una serie de entidades estatales, representa en el periodo 2012 2015 cerca del 49% del presupuesto sectorial. Para el 2015 se estima que por ese concepto, el Ministerio transfirió unos 4,175 millones de pesos.

Dentro de esas entidades se destacan la  Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), Instituto Agrario Dominicano (IAD), Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP), Instituto  Azucarero Dominicano (INAZUCAR), Fondo de Desarrollo Agropecuario (FEDA), Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE),     Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM), entre otras.

En sentido general, hay que tratar de cambiar la matriz de gasto del sector. Hay que aumentar el gasto en el fomento de la producción agropecuaria. Hay que fortalecer la generación y transferencia de tecnología. Se deben reforzar los programas de asistencia técnica y fomento de la pecuaria.

Para que no haya una falsa sensación de bonanza económica, hay que evaluar la posibilidad de que las asignaciones presupuestarias a algunas entidades del sector, no aparezcan en la asignación presupuestaria global del Ministerio de Agricultura. En los últimos 4 años estas transferencias han representado cerca del 50% del presupuesto del Ministerio.

La Presión Tributaria o Fiscal. Caso de la República Dominicana.

La presión tributaria es la proporción del Producto Bruto Interno (PBI) que es pagada mediante los distintos impuestos del sistema tributario.

La presión tributaria dominicana, es relativamente baja. Para el año 2015, se estimó en 13.80%, lo que implica que tuvo una reducción de 0.26%, ya que para el año 2014 se estimó en 14.06%.

Al comparar la presión fiscal del 2015 con los indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se puede apreciar que no se cumplió con la meta de llevarla a un 16% para el año 2015. Las metas de la presión fiscal para el 2020 es llevarla a 19%; para el 2025 situarla en 21.5% y establecerla en 24% para el año 2030.

Cualquier análisis a los aspectos presupuestarios tiene que tomar muy en cuenta la presión fiscal o tributaria, ya que los gastos presupuestarios estarán supeditados a la capacidad que tengan los gobiernos de recaudar recursos de las familias y las empresas.

Conclusiones y Recomendaciones

La ejecución del gasto público en el sector agropecuario, en los últimos 8 años, ha mostrado una tendencia decreciente, en cuanto su importancia en el gasto público total y en su aporte al Producto Bruto Interno.

Mientras por un lado el presupuesto ejecutado total se ha incrementado en un 52% en el periodo 2008 2015, al pasar de unos 340 mil millones en el 2008, a unos 518 mil millones en el 2015, el presupuesto ejecutado del sector, ha sufrido una contracción de un 14%, al pasar de 9,785 millones en el 2008, a 8,415 millones en el 2015.

Es por ello que de una participación de 2.88% del presupuesto ejecutado total, al 2015 el presupuesto sectorial ejecutado ha disminuido a un 1.63%  del total.

Igual tendencia se manifiesta cuando se compara con el PBI, pues en el 2008 la proporción era de 0.62%, y en el 2015 la relación presupuesto ejecutado sectorial entre el PBI era de tan solo 0.28%.

En esta parte hay que hacer la salvedad de que por un lado la presión fiscal o tributaria es relativamente baja (13.80% en el 2015), lo que afecta negativamente las recaudaciones fiscales, y por otro lado, cuando se evalúan las prioridades del gasto público se puede apreciar que otros sectores son favorecidos, como son el caso de la educación, la salud y los ayuntamientos, por tan solo citar tres ejemplos.

Eso se debe a que esos sectores han contado con un gran respaldo ciudadano en los reclamos de mayores presupuestos y también porque los distintos presidentes, en las últimas campañas, se comprometieron a otorgar las asignaciones presupuestarias que están establecidas por las distintas leyes que sustentan las entidades educativas, de salud y los ayuntamientos.

Las autoridades del sector, el gobierno en sentido general, y en especial, los productores agropecuarios organizados, deben evaluar el gran impacto económico y social que tiene el sector agropecuario desde varias vertientes, entre las que destacan la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, de empleos, las exportaciones, entre otros, para desarrollar una campaña nacional de concientización para que se le dé al sector agropecuario la asignación presupuestaria necesaria para su consolidación y fortalecimiento.

Seguimos luego...






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