Elaborado por
Eladio Contreras Reyes
Presidente Ejecutivo
MARCO DE REFERENCIA.
Diversas entidades interesadas en el presente y futuro de la institucionalidad del sector agropecuario publico, han iniciado una serie de consultas para saber la posición de distintos actores sobre las reformas que debería llevarse a cabo en el sector. Los temas a abordar son los siguientes:
1. La agenda de reformas o políticas sectoriales para mejorar la competitividad, la producción y la calidad de vida de los habitantes de la zona rural.
2. Determinar las políticas sectoriales diferenciadas y cuales tipos de apoyo requiere el sector.
3. Identificar los desafíos del sector agropecuario para lograr una mejor inserción de los productos dominicanos a nivel mundial.
4. Identificar las limitaciones de comercio actuales de los TLCs.
5. Evaluar en cuales renglones o aspectos el apoyo de las agencias internacionales de cooperación sería más relevante para el desarrollo del sector agropecuario.
6. Determinar cuáles son los factores que determinan los bajos salarios en la República Dominicana y en el sector agropecuario en particular.
7. Analizar el por qué a pesar de varios años de crecimiento alto, no se observan presiones para el alza salarial.
8. Evaluar las condiciones para replantearse el tema salarial, en particular articulando una reforma al código laboral.
9. Evaluar los mecanismos de asistencia que deben utilizar agencias internacionales de cooperación en la próxima administración (inversiones de crédito, conocimiento y dialogo.
NUESTRA POSICIÓN EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS
Temas 1 y 2.- La necesidad de la implementación de un paquete articulado de políticas y acciones desde el Gobierno, es vital para mejorar los niveles de competitividad y rentabilidad de los productores agropecuarios y de la población rural del país.
Ese proceso debe implicar una transformación del aparato institucional público agropecuario, donde un aspecto importante deberá ser el deslinde de los roles que debe jugar cada una de las agencias públicas del sector.
Entendemos que el rol de regulador o de rector de las políticas públicas agropecuarias, deben desvincularse del rol de agencia prestadora de servicios técnicos, capacitación, seguros y financiamientos que en la actualidad se promueven desde el Ministerio, como Coordinador del sector agropecuario oficial.
Esa situación, donde el propio Ministerio es ejecutor de servicios de sanidad animal, vegetal, seguros, financiamientos, entre otros, compromete la idoneidad y alcance de la labor de supervisión y fiscalización de dichos servicios.
Creemos que deben evaluarse todas las posibilidades donde el sector privado debidamente acreditado y certificado, sea el que mediante procesos de tercerización en el marco de la transparencia administrativa, sea el que otorgue algunos de los servicios técnicos y capacitaciones al sector agropecuario dominicano.
La transformación institucional también conlleva la realización de una reingeniería organizacional que evite la duplicación de esfuerzos, servicios y el gasto del presupuesto en una burocracia improductiva y súper numérica.
La nueva institucionalidad debe contar con recursos presupuestarios suficientes que permita emprender los programas y proyectos de manera rápida y eficaz, de forma tal que se pueda impulsar la simplificación administrativa y la eficiencia de costo en la provisión de asistencia técnica y gerencial a los productores agropecuarios, sin menoscabo de la labor de fiscalización.
Los servicios financieros y no financieros al sector agropecuario necesariamente no deben otorgarse como se le da a otras actividades económicas o para otros destinos.
Los servicios financieros al sector agropecuarios, a nivel de casi todo el mundo, tienen un componente de costo superior al de otros sectores o destinos de los préstamos, por el alto riesgo crediticio que se percibe en la actividad agropecuaria.
La actividad agropecuaria, además de los riesgos de fenómenos atmosféricos (sequia, inundaciones, granizos, vientos, entre otros), también presentan riesgos de variaciones de precios y cantidades ofertadas y demandadas.
El organismo de supervisión bancaria y la autoridad monetaria, ha creado un reglamento de evaluación de activos, donde se establecen una serie de categorías o clasificaciones de créditos, que sitúa al sector agropecuario en las categorías que más reservas o provisión de créditos necesitan para su otorgamiento.
Ello obliga a que las entidades financieras, para poder compensar parte de los recursos provistos como reservas, les hacen ajustes a las tasas de los préstamos.
Como los organismos de supervisión bancaria están constituidos para velar por los recursos de los depositantes y/o accionistas, apelar a que se modifiquen sustancialmente dichas disposiciones no es lo más aconsejable en los actuales momentos. El recuerdo del Caso Baninter está muy fresco todavía. Ahora se suma el escándalo del Caso Banco Peravia.
Pero hay otras opciones de políticas públicas que se podrían implementar que pueden impactar positivamente en el desarrollo del sector:
- Constituir un Fondo de Cobertura de Riesgo Crediticio con características similares a las establecidas por la Junta Monetaria en su Resolución No.3 del 26 de enero de 1996, que crea el Sistema de Garantía Compartida (SIGAC) y define un mecanismo de apoyo financiero al Sector Agroempresarial. Ese fondo operaria contra los montos del capital no cobrado por las entidades financieras, una vez desarrollado todo el proceso de cobro. Para velar por la buena evaluación de los créditos, este fondo reembolsara hasta el 60% del capital adeudado.
- Constituir un Fondo para el Desarrollo Agroempresarial con recursos locales, de organismos multilaterales de crédito y de Gobiernos de las naciones industrializadas. Este Fondo se orientaría, fundamentalmente, a financiar la modernización tecnológica del campo dominicano. Este fondo operaria para pagar (copago) una parte de los intereses de los prestamos agropecuarios que el Gobierno haya decidido priorizar.
- Hay que hacer la salvedad de que para poder desarrollar exitosamente un proyecto de desarrollo integral, debe tenerse previamente un Registro Nacional de Productores Agropecuarios, donde entren otras cosas, se determinen la edad, sexo, ubicación geográfica, tamaño de parcelas, cultivos o rubros, educación, propiedad de la tierra, etc.
Es decir, al disponer de los perfiles de cada productor agropecuario, desde las distintas agencias de servicios al sector, se podrán formular las acciones de políticas públicas para su desarrollo y fortalecimiento.
Temas 3 y 4. La posibilidad de insertar los productos dominicanos a nivel mundial va a depender en mayor medida de si los mismos cumplen con los requerimientos de los mercados internacionales.
En la actualidad, los mercados internacionales están exigiendo básicamente que los productos cumplan con los siguientes aspectos:
· Inocuidad agroalimentaria (que no le haga ningún tipo de daño a los consumidores)
· Sanidad animal y vegetal (que no se ponga en riesgo la estructura productiva agrícola y pecuaria del país demandante)
· Certificación orgánica (que los productos se hayan generado en armonía con los recursos naturales)
· Comercio Justo (que en el proceso de producción se hayan respetado los derechos de los trabajadores y que la comunidad periférica también se haya visto beneficiada y/o compensada)
Para todo lo anterior, desde el Ministerio de Agricultura y de otras agencias oficiales que tienen que ver con el tema, deben profundizarse los esfuerzos para:
Ø Fortalecer el sistema nacional de sanidad animal y vegetal, que garantice la inocuidad agroalimentaria.
Ø Fortalecer la unidad de producción orgánica del Ministerio, para velar que se cumplan los protocolos vigentes de las certificadoras más importantes y exigentes.
Ø Coordinar con el Ministerio de Trabajo y otras agencias públicas, para garantizar que a los trabajadores agropecuarios no le sean violados sus derechos laborales, y que las comunidades reciban efectivamente una parte del precio de los productos generados en su localización geográfica.
La experiencia que hasta ahora se ha tenido con los acuerdos de libre comercio, donde el Dr Cafta es el más conocido, no ha sido la mejor.
La balanza comercial con los países signatarios ha sido deficitaria en casi todos los años del acuerdo.
AÑO
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EXPORTACIONES
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IMPORTACIONES
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SALDO
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AÑO 2005
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$4,375,768,000
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$3,928,440,000
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$447,328,000
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AÑO 2006
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$4,092,505,000
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$4,777,071,000
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-$684,566,000
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AÑO 2007
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$3,154,219,000
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$5,712,031,000
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-$2,557,812,000
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AÑO 2008
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$3,222,147,000
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$6,146,107,000
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-$2,923,960,000
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AÑO 2009
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$2,747,180,000
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$5,517,025,000
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-$2,769,845,000
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AÑO 2010
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$2,820,435,000
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$6,419,254,000
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-$3,598,819,000
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AÑO 2011
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$3,467,017,000
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$8,078,105,000
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-$4,611,088,000
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AÑO 2012
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$4,206,811,000
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$7,230,523,000
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-$3,023,712,000
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AÑO 2013
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$4,230,179,000
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$7,341,190,000
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-$3,111,011,000
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AÑO 2014
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$4,974,047,000
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$7,849,339,000
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-$2,875,292,000
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Elaborado por la FUENEDEM con datos de Trade Map
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Hasta ahora, a pesar de que han ejecutado algunas iniciativas desde el gobierno para la transformación y adecuación de la estructura productiva agropecuaria, no se han logrado los avances esperados, que permitan a RD competir exitosamente en el mercado centroamericano y el de los EEUU.
Parte de las razones de esa situación son el alto costo financiero en comparación con los de la región, y el costo de los combustibles, que también es sumamente alto, relativamente.
Tienen que formularse medidas de políticas públicas que impacten positivamente sobre esos costos.
Aunque se ha estado hablando en los últimos años del Banco de Desarrollo de las Exportaciones, hay que reconocer que se le está dando un enfoque que no está tomando en cuenta el problema del financiamiento y de otros costos de los sectores productivos en la República Dominicana. La cadena de costos de la generación de bienes y/o servicios comienza desde el momento mismo en que se inicia el proceso de producción de los mismos, independientemente del mercado de destino de los mismos.
En la República Dominicana, hay que desarrollar políticas públicas que impacten hacia la baja el costo financiero y energético de todo el espectro productivo.
Es decir, la reducción de costos de producción debe irse verificando desde el inicio de la cadena de costos.
El sistema de apoyo mediante pagos parciales de intereses de los préstamos, donde la cuantía de esos pagos serían mayores o menores dependiendo de la importancia estratégica que el Gobierno le atribuya a determinados bienes exportables, podría impactar ampliamente en las exportaciones dominicanas.
Temas 5 y 9. En toda la historia de las agencias de cooperación internacional en la República Dominicana, sus acciones han sido de vital importancia en la implementación de diversas iniciativas de desarrollo sectorial. Entendemos que el apoyo de las agencias debe seguir siendo una combinación de diversos mecanismos de apoyo, atendiendo los temas más relevantes en el desarrollo integral del sector.
Deben combinarse los proyectos de:
Ø Financiamientos para el desarrollo
Ø Creación, validación, divulgación y transferencia de conocimientos/tecnología
Ø Fortalecimiento de los diálogos, concertaciones, pactos y alianzas entre los actores diversos del sector productivo.
Los temas o aspectos más relevantes que deberían estar en la agenda a apoyar de las agencias, pudieran ser:
Ø Reforma Institucional Oficial del Sector Agropecuario
Ø Elaboración del Plan Estratégico de Obras de Infraestructura de Apoyo al Sector Agropecuario (de cara a los próximos 30 años)
Ø Plan Estratégico del Agua (de cara a los próximos 30 años)
Ø Entre otros temas.
Temas 6,7 y 8. El tema salarial es uno de los aspectos pendientes en una gran parte de los países de la región. La República Dominicana no es una excepción.
A pesar de que en los últimos años ha habido avances en el tema del empleo, todavía hay una cantidad significativa de dominicanos que están desempleados.
Esa situación crea una presión adicional para que los salarios no se ajusten en los niveles suficientes para mantener o aumentar la capacidad adquisitiva de los empleados.
Entendemos que deben profundizarse las acciones para que desde el Gobierno, se desarrollen iniciativas donde el proceso de formalización empresarial no sea percibido como una estrategia que simplemente persiga aumentar las recaudaciones de impuestos.
La formalización empresarial debe verse como un mecanismo de elaboración de bases de datos del sector empresarial para el diseño de políticas y acciones oficiales para aumentar la competitividad y rentabilidad empresarial. Si en el proceso eso impacta en el aumento de las recaudaciones fiscales, es un efecto colateral positivo, pero no debe ser percibido como el objetivo a perseguir.
La informalidad empresarial en cuanto al pago de los impuestos, la seguridad social y las prestaciones laborales, debe abordarse con inteligencia y tacto.
Hay que evaluar hasta donde puede flexibilizarse el código de trabajo, sin que se reduzcan los beneficios de los trabajadores. Pero también tiene que evaluarse hasta donde, el código de trabajo vigente en la República Dominicana, en comparación con las normativas laborales de otros países, afecta negativamente la competitividad empresarial de las empresas dominicanas, provocando la quiebra y desaparición de las mismas
.
Obviamente que cuando una empresa quiebra o cierra, también los empleos se pierden.
En esta parte hay que reflexionar lo siguiente: Es mejor tener un porcentaje mínimo de algo, que tener el 100% de nada.
Entendemos que estamos en el momento de los diálogos, de los pactos, de las alianzas. Vamos a profundizar en los análisis. Hay que ver qué es lo que más le conviene al colectivo, pero sin descuidar a los individuos.
En este proceso lo más importante es que tanto el Gobierno, los políticos y los empresarios, tengamos la suficiente responsabilidad y madurez, de poder hacer lo correcto y adecuado, para el fortalecimiento sostenible del sector agropecuario dominicano.
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