Elaborado por:
Eladio Contreras,
Director Ejecutivo
Hará
menos de una semana que reflexionábamos sobre la importancia de las Iniciativas
de Veeduría Publica en el ámbito de la administración publica y en las
entidades que sin ser publicas reciben fondos públicos.
En
esa reflexión hablábamos de la importancia del Estado Dominicano en cuanto al
volumen económico que representan las compras que realiza para brindarle
servicios a la ciudadanía. Es tan elevada y variada la gama de servicios y
productos que las entidades gubernamentales le adquieren al sector privado, que
seria extremadamente peligroso que ese tipo de vinculación comercial del Estado
sea de estricto conocimiento entre las partes interesadas: Funcionarios
Públicos y Suplidores.
Pues
bien, en apenas dos dias se presenta la situación en que asociaciones
empresariales están impugnando una licitación que llevara a cabo el Ministerio
de Educación, donde entre otras cosas piensan comprar materiales educativos.
Según información aparecida en el periódico Hoy del 16 de noviembre del
corriente, se resalta lo siguiente:
‘’ 15
Noviembre 2012, 9:05 PM
Impugnan el procedimiento de compra de
materiales educativos
Asociaciones aseguran licitación no cumple con
requisitos de Ley 340-06
Escrito por: AMARILIS
CASTRO JIMÉNEZ (a.castro@hoy.com.do)
Asociaciones que representan el sector
de las pequeñas y medianas empresas depositaron un recurso de impugnación
al procedimiento de urgencia para la adquisición de materiales
educativos, equipos e indumentarias para la ejecución del Programa
Nacional de Alfabetización.
La solicitud de anulación
está fundamentada en violaciones a disposiciones de las Ley 340-06, de
Compras y Contrataciones, y el artículo 68 del Reglamento 543-12 para la
aplicación de la ley.
La impugnación fue presentada por la
Asociación Dominicana de Industrias Gráficas y Afines (Adiga) y la Asociación
de Pequeñas y Medianas Empresas Textileras y Afines (Apytemex).
Esas entidades alegan que la
licitación no fue publicada en el portal de la Dirección General de
Compras y Contrataciones Públicas, ni en el del Ministerio de Educación.
En ese sentido, las asociaciones
solicitaron que el procedimiento de urgencia sea anulado por las
violaciones al artículo 4 del Reglamento, el cual establece requisitos
específicos de publicidad y de procedimiento de apertura y análisis de las
ofertas para los procedimientos de urgencia que no fueron cumplidos y en virtud
de lo establecido en el artículo 68 de dicho reglamento.
El acápite 7a, del artículo 4 del
Reglamento establece que “una vez emitida la Resolución de Declaratoria
de Urgencia, deberá publicar en la página de inicio o en el menú principal del
portal Web del Órgano Rector y del portal institucional, los requerimientos de
compras y contrataciones a ser llevados a cabo para dar respuesta a la
situación de urgencia”.
Por lo tanto, visto el artículo 69 del
Reglamento; “La comprobación de la omisión de los requisitos de publicidad en
cualquiera de los procedimientos de selección establecidos en la ley y en el
presente reglamento, dará lugar a la cancelación o nulidad inmediata del
procedimiento, cualquiera que fuere el estado de trámite en que se encuentre”.
En
la Republica Dominicana, al igual que en la casi totalidad en vía de
desarrollo, hay una debilidad institucional que se manifiesta en muchas
vertientes, en especial en una interpretación y cumplimiento de la ley bastante
laxa: Todo va a depender de cual es la posición del interesado en la estructura
de poder.
Las
relaciones comerciales del Estado Dominicano no son la excepción. Se verifica
una gran asimetría de poder económico y políticos entre los suplidores del
Estado.
La
Fundación Economía & Democracia,
Inc., ( FUENEDEM ), celebra la
actitud asumida por esas entidades empresariales, que están defendiendo los
intereses económicos de sus asociados y exigiendo el cumplimiento de las leyes
y de la Constitución.
Nosotros entendemos la importancia que
representa el desarrollo de iniciativas que fomenten el ejercicio pleno de
ciudadanía responsable, por lo que contamos
con la buena disposición y colaboración de las Agencias de Cooperación en
Programas de Transparencia, que nos faciliten los apoyos necesarios para el desarrollo de
tan importante iniciativa de Trasparencia.
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